Quiero compartir un poco sobre mi padre, su lucha en contra de la mina aquí en Chicomuselo y por qué hemos llevado una denuncia a Canadá para exigir que se haga una investigación sobre la embajada canadiense en México. Mi papá Mariano Abarca tuvo 4 hijos y manejaba un restaurante aquí en Chicomuselo. Además, fue un líder comunitario importante, especialmente cuando una mina de barita que pertenecía a una empresa minera canadiense empezó a generar daños sociales y ambientales en la comunidad.
También fue uno de los fundadores de la Red Mexicana de Afectadas por la Minería (REMA). La empresa Blackfire operaba en nuestro municipio desde los fines del 2007 hasta finales de 2009. La mina fue clausurada por razones ambientales pocos días después del asesinato de mi papá. Y no ha vuelto a operar desde ese entonces. Mi papá fue un líder en la lucha social en torno a la mina.
En junio de 2009, viajó de Chicomuselo a la ciudad de México con un grupo de la comunidad y con el apoyo de Otros Mundos Chiapas, para participar en una manifestación frente a la embajada canadiense. Tal como se muestra en la foto de la ficha para promocionar este mismo webinario. Allí él habló con una representante de la embajada canadiense. Hablaba sobre las promesas de trabajo incumplidas de la empresa, sobre los daños que los camiones de la empresa estaban generando a nuestras casas y nuestras calles, y sobre todo, la contaminación de nuestros ríos que nacen en la Sierra Madre de Chiapas. Además, hablaba sobre un grupo de trabajadores de la empresa que estaban armados y quienes lo intimidaron a él y a otros.
Después de regresar a Chicomuselo, unas tres semanas después, mi papá fue detenido por la policía en respuesta a una queja interpuesta por la empresa minera. La empresa hizo muchas acusaciones falsas en contra de él, diciendo que estaba involucrado en el crimen organizado, hacía daño a la empresa, y realizaba amenazas entre otras cosas. Otros Mundos y REMA alertaron a todo el mundo para que enviaran sus preocupaciones a la embajada de Canadá. Y después de 8 días, mi padre fue liberado sin juicio por falta de evidencia. Pero aún estaba bajo mucho riesgo y, él dijo, que si algo le llegara a pasar, que sería la culpa de la empresa minera.
Tres meses después, el 27 de noviembre de 2009, un hombre disparó y mató a mi papá cuando estaba sentado fuera de su restaurante. Todas las personas que tuvieron algún vínculo con este crimen estaban contratadas por la empresa minera y hasta hoy, no hemos logrado una investigación seria. Por esto, hemos llevado una denuncia contra las autoridades mexicanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y además, hemos llevado una denuncia exigiendo una investigación sobre la embajada canadiense en México. Hicimos esta última denuncia porque con la ayuda de varias organizaciones canadienses, como los Steelworkers, Fronteras Comunes, y Alerta Minera Canadá, conseguimos documentos de la embajada canadiense que muestran lo mucho que supo la embajada canadiense, qué hizo y qué no hizo nada para mi papá, mientras la embajada trabajaba para asegurar las operaciones de la empresa Blackfire.
Esta documentación nos muestra que aún antes de que la mina entrará en funcionamiento, la embajada sabía que la empresa tenía dificultades para llegar a acuerdos con la comunidad. Desde ese entonces, ejerció presión diplomática sobre los funcionarios del Estado de Chiapas, para que la mina entrará en operación. Una vez operando, la documentación también muestra que la embajada hizo un seguimiento muy de cerca a los medios de comunicación en Chiapas sobre las protestas constantes y supo del descontento profundo de la gente. Todo esto debería haber servido como una señal de alarma para la embajada.
Sin embargo, en sus documentos se muestra como un miembro de la embajada nos desestimó a nosotros, diciendo que estábamos intentando chantajear a la empresa para obtener más dinero. Luego, mi papá fue a la embajada en la ciudad de México, en julio de 2009, y después de que fue detenido en agosto de 2009, la embajada recibió 1,400 cartas de todas las Américas, expresando una gran preocupación por su ubicación y su vida. Pero en lugar de responder con preocupación por la seguridad de mi papá, la embajada se encargó de recabar información y comunicarse con las autoridades mexicanas para disipar las dudas sobre la legitimidad de la mina.
Aunque no tenemos un registro completo de las reuniones de la embajada con nuestros gobernantes, podemos ver que la embajada mandó una delegación a Chiapas en octubre de 2009, pocas semanas antes del asesinato de mi papá. No hablaron nada con nosotros, ni con las organizaciones involucradas como Otros Mundos. Más bien, fueron con el gobierno estatal y plantearon su preocupación por los posibles aumentos en los pagos de regalías cobrados a Blackfire y pidieron a los funcionarios del gobierno que sofocaran las protestas. Menos de 6 semanas después, mi papá fue asesinado por la empresa minera canadiense.
No estamos diciendo que la embajada mandó a matar a mi papá. Pero al negarle apoyo de seguridad, y al trabajar únicamente a favor de la empresa, pensamos que sí, que lo pusieron en un mayor riesgo. Y que de haber actuado de otra forma, las cosas pudieron haber sido diferentes, no hubieran matado a mi padre. Es por esto que fuimos a Ottawa en Febrero de 2018 para interponer una denuncia ante el Comisionado de Integridad al Servicio Público y el por qué seguimos insistiendo a la Corte Federal que debe haber una investigación sobre el rol de la embajada en este caso. Mi papá no va a regresar. Pero pensamos que este proceso puede sentar un precedente importante para las luchas de otras comunidades quienes corren peligro por estar luchando para proteger su medio ambiente y su salud frente a los enormes daños mineros.
Este testimonio fue dado por José Luis Abarca durante la mesa redonda del 5 de octubre de 2021 “¿Tiene el gobierno canadiense derecho a engañar al público? ¿Qué nos enseña el asesinato del activista Mariano Abarca en Chiapas, México sobre la rendición de cuentas en Canadá?” Accede a la mesa redonda aquí.