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Quiero compartir un poco sobre mi padre, su lucha en contra de la mina aquí en Chicomuselo y por qué hemos llevado una denuncia a Canadá para exigir que se haga una investigación sobre la embajada canadiense en México. Mi papá Mariano Abarca tuvo 4 hijos y manejaba un restaurante aquí en Chicomuselo. Además, fue un líder comunitario importante, especialmente cuando una mina de barita que pertenecía a una empresa minera canadiense empezó a generar daños sociales y ambientales en la comunidad. 

También fue uno de los fundadores de la Red Mexicana de Afectadas por la Minería (REMA). La empresa Blackfire operaba en nuestro municipio desde los fines del 2007 hasta finales de 2009. La mina fue clausurada por razones ambientales pocos días después del asesinato de mi papá. Y no ha vuelto a operar desde ese entonces. Mi papá fue un líder en la lucha social en torno a la mina. 

En junio de 2009, viajó de Chicomuselo a la ciudad de México con un grupo de la comunidad y con el apoyo de Otros Mundos Chiapas, para participar en una manifestación frente a la embajada canadiense. Tal como se muestra en la foto de la ficha para promocionar este mismo webinario. Allí él habló con una representante de la embajada canadiense. Hablaba sobre las promesas de trabajo incumplidas de la empresa, sobre los daños que los camiones de la empresa estaban generando a nuestras casas y nuestras calles, y sobre todo, la contaminación de nuestros ríos que nacen en la Sierra Madre de Chiapas. Además, hablaba sobre un grupo de trabajadores de la empresa que estaban armados y quienes lo intimidaron a él y a otros. 

Después de regresar a Chicomuselo, unas tres semanas después, mi papá fue detenido por la policía en respuesta a una queja interpuesta por la empresa minera. La empresa hizo muchas acusaciones falsas en contra de él, diciendo que estaba involucrado en el crimen organizado, hacía daño a la empresa, y realizaba amenazas entre otras cosas. Otros Mundos y REMA alertaron a todo el mundo para que enviaran sus preocupaciones a la embajada de Canadá. Y después de 8 días, mi padre fue liberado sin juicio por falta de evidencia. Pero aún estaba bajo mucho riesgo y, él dijo, que si algo le llegara a pasar, que sería la culpa de la empresa minera.

Tres meses después, el 27 de noviembre de 2009, un hombre disparó y mató a mi papá cuando estaba sentado fuera de su restaurante. Todas las personas que tuvieron algún vínculo con este crimen estaban contratadas por la empresa minera y hasta hoy, no hemos logrado una investigación seria. Por esto, hemos llevado una denuncia contra las autoridades mexicanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y además, hemos llevado una denuncia exigiendo una investigación sobre la embajada canadiense en México. Hicimos esta última denuncia porque con la ayuda de varias organizaciones canadienses, como los Steelworkers, Fronteras Comunes, y Alerta Minera Canadá, conseguimos documentos de la embajada canadiense que muestran lo mucho que supo la embajada canadiense, qué hizo y qué no hizo nada para mi papá, mientras la embajada trabajaba para asegurar las operaciones de la empresa Blackfire. 

Esta documentación nos muestra que aún antes de que la mina entrará en funcionamiento, la embajada sabía que la empresa tenía dificultades para llegar a acuerdos con la comunidad. Desde ese entonces, ejerció presión diplomática sobre los funcionarios del Estado de Chiapas, para que la mina entrará en operación. Una vez operando, la documentación también muestra que la embajada hizo un seguimiento muy de cerca a los medios de comunicación en Chiapas sobre las protestas constantes y supo del descontento profundo de la gente. Todo esto debería  haber servido como una señal de alarma para la embajada. 

Sin embargo, en sus documentos se muestra como un miembro de la embajada nos desestimó a nosotros, diciendo que estábamos intentando chantajear a la empresa para obtener más dinero. Luego, mi papá fue a la embajada en la ciudad de México, en julio de 2009, y después de que fue detenido en agosto de 2009, la embajada recibió 1,400 cartas de todas las Américas, expresando una gran preocupación por su ubicación y su vida. Pero en lugar de responder con preocupación por la seguridad de mi papá, la embajada se encargó de recabar información y comunicarse con las autoridades mexicanas para disipar las dudas sobre la legitimidad de la mina. 

Aunque no tenemos un registro completo de las reuniones de la embajada con nuestros gobernantes, podemos ver que la embajada mandó una delegación a Chiapas en octubre de 2009, pocas semanas antes del asesinato de mi papá. No hablaron nada con nosotros, ni con las organizaciones involucradas como Otros Mundos. Más bien, fueron con el gobierno estatal y plantearon su preocupación por los posibles aumentos en los pagos de regalías cobrados a Blackfire y pidieron a los funcionarios del gobierno que sofocaran las protestas. Menos de 6 semanas después, mi papá fue asesinado por la empresa minera canadiense.

No estamos diciendo que la embajada mandó a matar a mi papá. Pero al negarle apoyo de seguridad, y al trabajar únicamente a favor de la empresa, pensamos que sí, que lo pusieron en un mayor riesgo. Y que de haber actuado de otra forma, las cosas pudieron haber sido diferentes, no hubieran matado a mi padre. Es por esto que fuimos a Ottawa en Febrero de 2018 para interponer una denuncia ante el Comisionado de Integridad al Servicio Público y el por qué seguimos insistiendo a la Corte Federal que debe haber una investigación sobre el rol de la embajada en este caso. Mi papá no va a regresar. Pero pensamos que este proceso puede sentar un precedente importante para las luchas de otras comunidades quienes corren peligro por estar luchando para proteger su medio ambiente y su salud frente a los enormes daños mineros.

Este testimonio fue dado por José Luis Abarca durante la mesa redonda del 5 de octubre de 2021 “¿Tiene el gobierno canadiense derecho a engañar al público? ¿Qué nos enseña el asesinato del activista Mariano Abarca en Chiapas, México sobre la rendición de cuentas en Canadá?” Accede a la mesa redonda aquí.

Original testimony in Spanish.

I want to share a little about my father and his struggle against the mine in Chicomuselo, and why we have lodged a complaint in Canada to demand an investigation into the actions of the Canadian embassy in Mexico. My father, Mariano Abarca, had four children and ran a restaurant in Chicomuselo. He also played a role as an important leader of the community, especially when a barite mine owned by a Canadian mining company began to cause social and environmental harm in the community. 

He was a founder of the Mexican Network of People Affected by Mining (REMA). The Canadian mining company Blackfire operated in our municipality from the end of 2007 until the end of 2009. The mine was shut down for environmental reasons a few days after my father’s murder and has not operated since. My father was a leader in the social movement opposing the mine.

In June 2009, he traveled from Chicomuselo to Mexico City with others from the community and with the support of Otros Mundos Chiapas to participate in a demonstration in front of the Canadian embassy. There, he spoke with a representative of the embassy. He talked about the company’s unfulfilled promises of work, about the damage the company’s trucks were causing to our homes and streets, and above all, the contamination of our rivers whose headwaters are in the Sierra Madre de Chiapas.

He also talked about a group of company workers who were armed and who were intimidating him and others. 

About three weeks after returning to Chicomuselo, my father was detained by the police in response to a complaint filed by the mining company. The company made many false accusations against him, saying that he was involved in organized crime, was causing harm to the company, and was making threats, among other things. Otros Mundos and REMA alerted their networks, calling on them to express concern to the Canadian embassy. After eight days, my father was released without trial for lack of evidence. But he was still under significant risk and said that if anything were to happen to him, it would be the fault of the mining company. 

Three months later, on November 27, 2009, a man shot and killed my father as he was sitting outside his restaurant. 

All the people with ties to the murder were contracted by the mining company and, to date, there has yet to be a serious investigation. That’s why we have filed a complaint before the Inter-American Commission on Human Rights against the Mexican government. We have also filed a complaint demanding an investigation into the actions of the Canadian embassy in Mexico. We filed this last complaint because we obtained documents —with the help of several Canadian organizations such as the Steelworkers, Common Frontiers, and MiningWatch Canada — from the Canadian embassy that reveal how much the Canadian embassy knew about the situation and did nothing to protect my father, all the while working to secure Blackfire’s operations. 

This documentation reveals that even before the mine went into operation, the embassy knew that the company was having difficulty reaching agreements with the community. From then on, the embassy exerted diplomatic pressure on Chiapas state officials to move the mine into production. The documentation further shows that once in production, the embassy closely monitored the media in Chiapas about the ongoing protests and knew about the deep discontent of the people. All of this should have been a clear warning sign for the embassy. 

Instead, these documents reveal that a member of the Canadian embassy dismissed [our concerns], saying that we were trying to blackmail the company for more money. Following my father’s visit to the embassy in Mexico City in July 2009 and his subsequent arrest in August 2009, the embassy received 1,400 letters from all over the Americas expressing great concern for his whereabouts and for his life. But instead of responding with concern for my father’s safety, the embassy passed along information to the Mexican authorities in an attempt to dispel any doubts regarding the legitimacy of the mine. 

Although we do not have a complete record of the embassy’s meetings with our government, we do know that the embassy sent a delegation to Chiapas in October 2009, only a few weeks before my father’s murder. Embassy officials did not talk with us, nor with any of the organizations involved, such as Otros Mundos. Rather they met with the state government to raise concerns about possible royalty increases charged to Blackfire and petitioned state officials to quell protests. Less than six weeks later, my father was killed by the Canadian mining company.

We are not saying that the embassy had my father killed. But by denying him the necessary security, and by working only on behalf of the company, we consider that they put him at greater risk. If they had acted differently, things could have been different. My father might not have been killed. This is why we went to Ottawa in February 2018 to file a complaint with the public service integrity commissioner and why we continue to insist to the federal court that there must be an investigation into the role of the Canadian embassy in this case. My father is not coming back. But we believe that this process can set an important precedent for the struggles of other communities who are in danger because they are fighting to protect their environment and health from the enormous damage caused by mining.

The above testimony was given by José Luis Abarca in Spanish during the October 5, 2021 roundtable “What does the murder of activist Mariano Abarca in Chiapas, México say about Canadian government accountability?” Access the roundtable here.